El conflicto del Iberoamericano

El conflicto que se precipitó en parque Ibeoroamericano, puede ser analizado desde al menos tres perspectivas: los límites de la protesta, el problema de la vivienda y el conflicto jurisdiccional de las policías.
En cuanto a los límites de la protesta, el Estado no debería permitir la usurpación de ningún espacio público por un tiempo prolongado bajo ningún concepto. Toma de colegios, cortes permanentes de ruta, toma de edificios públicos, son mecanismos de protesta que si pierden su carácter irruptivo pasan a afectar a terceros. Es por eso que el Estado debería desalojar a quienes usurpan espacios públicos.
Ahora bien, la protesta siempre tiene motivos sean legítimos o no, y deben ser escuchados. En este caso la problemática es la vivienda. La constitución nacional, a partir de la reforma de 1994, garantiza el derecho a la vivienda (en lo que fue una de los artículos más progresistas en materia de constituciones comparadas). Pero ningún código reglamentó dicho artículo. Ergo, este derecho de tercera grado siempre va a ser motivo de controversia.
Como no está reglamentado este derecho, creo que es el Estado Nacional quien debe planificar como llevar a cabo semejante tarea. Los ciudadanos pueden reclamar su vivienda, pero es ineficiente que digan dónde. Si así fuera, todos reclamarían un pedazo cerca de la playa o en las grandes urbes. Y desde el punto de vista del federalismo esto no es racional. No es lógico que el problema de la vivienda sea resuelto por el gobierno local del lugar donde se protesta. Es como que un rumano, valla a exigir una vivienda en París, o un Australiano en Londres.
El conflicto entre las policías es el más escabroso. Por un lado, la federal que tiene capacidad operativa para desalojar el previo pero no quiere asumir el costo político. Por el otro, la metropolitana cuyos dirigentes si están dispuestos a desalojar pero no tienen la capacidad técnica para hacerlo. Este último aspecto es el que no permite que el conflicto se resuelva, y del cual se deriva la puja política.